MANIFIESTO

que la federación de estudiantes dirige al pueblo de Chile denunciándole el atropello a la libertad de conciencia cometido por el Gobierno

La libertad indiscutible

Un derecho existe, natural, inalienable, sagrado, invulnerable: el de la integridad de la conciencia de los individuos, hasta donde no alcanzaría ninguna medida represiva. Desconocerlo, sería temerario. Discutirlo, ya no es posible, a esta altura de la vida de la Humanidad. Si el hombre puede pensar a despecho de todas las disciplinas; si las ideas no reconocen ni respetan vallas; si el individuo tiene el deber de pensar sobre cada uno de los problemas quo agitan a sus semejantes dentro de la vida que todos vivimos, no se habría podido constreñir la idea, ni enmarcar el pensamiento, ni es moralmente lícito violentar la conciencia. Por su propia dignidad, el hombre ha llegado a conseguir absoluta libertad para su conciencia. Es su fuero interno lo más respetable durante su existencia; y los privilegios de su espíritu son más altos que cualquiera de sus bienes materiales. Las manifestaciones de la conciencia, las revelaciones del espíritu, las ideas, los pensamientos pueden obtenerse sin permiso; acrecentarse infinitamente; representarse en todas las formas imaginables. Al que puede pensar, no se le prohíbe hablar para verter su pensamiento. Al que alienta una idea no se le puede obligar a callarla. Todas las mordazas serían insuficientes para lograrlo a través de todas las edades. Y sin embargo, el crimen nefando se ha cometido entre nosotros: y gritamos desde el fondo de nuestra conciencia herida, a todos los ámbitos de esta tierra y del mundo civilizado, que EN CHILE UN GOBIERNO LIBERAL ACABA DE ATENTAR CONTRA LA CONCIENCIA, VIOLANDO LA LIBERTAD RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES QUE PERMITEN LA PUBLICACIÓN DE LAS IDEAS.

El caso en sí

En el Directorio de la Federación de Estudiantes de Chile, Carlos Vicuña Fuentes, profesor de la Universidad y miembro extraordinario de ese Directorio, propuso, entre otras conclusiones vertidas en un debate acerca del problema social, determinada solución para el viejo y enojoso litigio que separa a Chile y el Perú. En el Senado de la República, Francisco Huneeus protestó contra la opinión de Vicuña Fuentes, y pidió al Gobierno que adoptara medidas de castigo contra el profesor; y el joven y novicio Ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Barros Jarpa, acogió la protesta y la solicitud de sanción para Vicuña, sentando, además, la peregrina y absurda tesis de que «a los empleados públicos les está vedado sustentar opiniones en discrepancia con el criterio del Gobierno»... Algunos días más tarde, después de conversar con el profesor Vicuña, el Ministro de Instrucción Pública Tomás Ramírez Frías, explicó al Senado que, en verdad, había complicado en este asunto una libertad pública contra la que él era impotente, lo que dio origen a una interpelación sobre la materia, con el consiguiente voto de censura amenazando a los Ministros. Y como el de Instrucción hiciera públicamente una afirmación inexacta atribuyéndosela a Vicuña, éste hubo de rectificar el error en carta que los diarios reprodujeron. En esta carta insiste y se ratifica en sus opiniones, justificándolas, el profesor inquirido; pero entonces el Gobierno juzga que se le censura; que el empleado de su dependencia en la Instrucción se ha insubordinado, y, para mantener la disciplina administrativa, según lo expresa, destituye de sus empleos al profesor, no sin antes obtener de los jefes inmediatos de éste que rehagan sus informes de manera que aparentemente tenga excusa la medida.

Comentarios

Robustecida en la forma que queda expuesta la autoridad gubernativa, analicemos con frialdad la situación. El Gobierno que comenzó y concluyó proclamando por intermedio del Ministro de Relaciones Exteriores que «no permitiría que ningún empleado público opinara en desacuerdo con él sobre las materias cuya resolución depende exclusivamente del Gobierno», ha pretendido cohonestar su actitud con este sofisma: se respeta la libre emisión de las ideas; pero se ha castigado al profesor, no por sus ideas, sino por su crítica al superior, lo que envuelve indisciplina. No se le persigue por sus ideas, sino por sus ideas de crítica, de censura, de condenación a determinada política internacional... Y sin embargo, la triste verdad es que los manejos secretos y vergonzosos de la política del día, han determinado esta actitud más dolorosa que injustificable. Un Gobierno que ahoga la crítica elevada; que amordaza las opiniones; que apaga la voz que se alza vibrante de condenación, es ya un gobierno tiránico. La dirección del Estado no puede ser obra de unos cuantos funcionarios, más o menos capaces, y más o menos bien intencionados, que se desentiendan en absoluto de la colaboración espontánea de todos para la realización de las necesidades colectivas. Un Gobierno celoso de su prestigio y de su respetabilidad, no solamente busca la fiscalización que todos tenemos el derecho y el deber de ejercitar, sino que justifica sus actos discutibles, y hace llegar a todos la razón y la corrección de su procedimiento. Y cuando se piensa que nuestros gobernantes estiman inconciliable la función de enseñar, o de servir en cualquier otra forma al Estado, con el ejercicio de los derechos reconocidos a todos los habitantes del territorio, no se puede menos de pensar también que lo que persiguen estos gobernantes es obtener que los servicios anexos a la administración pública sean desempeñados por esclavos, por máquinas, por individuos sin conciencia y sin dignidad. Agreguemos una última palabra de candente protesta hacia los miembros del Consejo de Instrucción Pública, la suprema autoridad de la enseñanza, entre nosotros, que no han sabido defender ni los fueros del pensamiento que ellos difunden en el espíritu de las generaciones presentes; ni el decoro del propio cargo que desempeñan. Para contestar una nota del Gobierno, en que se le presentaba la oportunidad de obrar como corresponde a sus altas funciones, el Consejo de Instrucción, buscó el atajo, se complicó en el crimen, y no ha revelado comprender que lo que a continuación le corresponde hacer, es renunciar a seguir ejerciendo funciones que no ha sabido defender ni uno sólo de sus miembros. Nuestra actitud

No es la primera vez que entre nosotros se conculcan las libertades públicas. Ayer no más eran los tribunales de Justicia los que desconocían el derecho de publicar las opiniones por la imprenta, ante la impasibilidad general. Y aún no ha sonado en el Parlamento una voz acusadora, ni hemos pretendido hacer efectiva la responsabilidad criminal de los prevaricadores, porque el año pasado los jueces todos realizaron en contra nuestra y en contra de los obreros asociados, la conspiración permanente de la injusticia. Hoy sólo acusamos. Hoy señalamos a la vergüenza pública los nombres de Ernesto Barros Jarpa y de Tomás Ramírez Frías, Ministros de Estado e inquisidores laicos; de don Juan Nepomuceno Espejo y Arcadio Ducoing, directores de establecimientos de enseñanza que falsifican documentos públicos, para amoldar sus informes al deseo del Gobierno; de Domingo Amunátegui Solar, rector de la Universidad, que desprecia la libertad de conciencia e ignora, entre muchas otras nociones elementales, la ley sobre instrucción secundaria y superior, cuya aplicación le incumbe a diario. Y si existe una conciencia colectiva; si hay opinión pública, la una sacudirá el vejamen, y la otra marcará el estigma. De hoy en adelante todos sabrán la verdad de esta vergüenza, y reconocerán doquiera a los autores y colaboradores de la infamia.

Porque no dejaremos de repetir esta acusación de crimen contra la civilización al lado de sus nombres, hasta que se restablezca en todo su vigor la libertad que se nos ha robado.

DANIEL SCHWEITZER, Presidente de la Federación de Estudiantes de Chile.